La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó la medida cautelar dictada por la Justicia en lo Civil y Comercial Federal que prohíbe a todos los medios de comunicación difundir los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado.

En un comunicado, la entidad sostuvo que la resolución judicial constituye “un nuevo ejemplo de órdenes estatales que limitan de manera ilegítima las libertades de expresión y de prensa”.

“La censura previa está prohibida”

ADEPA recordó que históricamente se ha opuesto a las decisiones de funcionarios o magistrados que impiden difundir información de relevancia pública, en especial cuando involucra a funcionarios estatales.

En ese sentido, citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda medida preventiva que limite la circulación de información vulnera la libertad de pensamiento y de expresión, salvo en casos vinculados a la protección de niños y adolescentes.

“La publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores, como investigaciones o sanciones a quienes hayan cometido delitos, pero nunca a una censura previa”, señaló la entidad.

El trasfondo judicial y político

El juez Alejandro Patricio Maraniello ordenó el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, denunciados como parte de una operación de inteligencia ilegal. La denuncia había sido presentada por Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad, quien argumentó que las grabaciones buscaban “influenciar ilegítimamente la opinión pública y desestabilizar la política económica en plena campaña electoral”.

Desde el Gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni defendió la cautelar: “No es censura previa, es resguardar el derecho a la intimidad. Manipular escuchas ilegales para influir en la opinión pública es delito”.

Sin embargo, ADEPA advirtió que las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional, porque afectan el derecho de la ciudadanía a acceder a información de relevancia pública.