El expresidente Alberto Fernández afronta un momento judicial clave este viernes 4 de julio: deberá ampliar su declaración indagatoria en la causa conocida como “la causa de los seguros”, donde se lo investiga por presuntas irregularidades en contrataciones estatales durante su gestión. La citación fue realizada por el juez federal Sebastián Casanello, quien debe definir si lo procesa por favorecer a intermediarios con millonarios beneficios.
La causa gira en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia 823/2021, que eliminó la competencia entre aseguradoras y obligó a dependencias del Estado nacional a contratar con una única empresa, lo que habría derivado en un sistema de contratación direccionada hacia brokers vinculados al entorno del expresidente. Según la investigación, la maniobra habilitó comisiones elevadas y posibles retornos indebidos.
El propio Fernández solicitó esta nueva indagatoria como herramienta de defensa, con el objetivo de aportar información adicional antes de que se defina su situación procesal. Se espera que presente nuevos elementos para evitar un posible procesamiento.
El expediente, iniciado en 2024, ya cuenta con múltiples pruebas: entre ellas, un informe de 600 páginas de la Procelac que vincula a supuestos testaferros con la red de intermediación. También se incorporaron registros de 17 comunicaciones entre el expresidente y el broker Martínez Sosa entre 2019 y 2024, que refuerzan las sospechas de vínculos irregulares.
El juez Julián Ercolini había ordenado el congelamiento de los bienes de Fernández en abril de 2024 y citado a 38 personas imputadas. Más tarde, el caso pasó al juez Casanello, quien ahora evalúa si existen elementos suficientes para enviar al exmandatario a juicio oral.
En paralelo, Fernández también enfrenta una causa por presunta violencia de género, denunciado por su expareja Fabiola Yáñez. Las pericias telefónicas realizadas en el marco de la causa de los seguros derivaron en la apertura de ese expediente, que está en manos de otro juzgado.
El impacto político del caso es contundente. Si se confirma el procesamiento, la fórmula presidencial que gobernó Argentina entre 2019 y 2023 quedaría completamente comprometida judicialmente, ya que Cristina Fernández de Kirchner fue recientemente condenada a seis años de prisión domiciliaria en la causa Vialidad.
La declaración de hoy podría definir el futuro judicial de Alberto Fernández. Si no presenta pruebas sólidas, el juez podría avanzar en su procesamiento y abrir un nuevo capítulo en uno de los escándalos de corrupción más relevantes del último tiempo.
