A casi 31 años del atentado a la AMIA, el juez federal Daniel Rafecas tomó una decisión histórica: ordenó que se realice un juicio en ausencia contra los ex funcionarios iraníes acusados de participar en el ataque terrorista que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en Buenos Aires en 1994.
La resolución, que se enmarca en la causa principal del atentado, abre la puerta a juzgar a los imputados aunque no estén presentes en el país. Esta herramienta, contemplada en proyectos discutidos durante años pero hasta ahora no aplicada en la Argentina, apunta a sortear la impunidad generada por la negativa de Irán a extraditar a los acusados.
Entre los señalados por la justicia argentina están Mohsen Rezai, Ali Akbar Velayati, Ahmad Vahidi y otros ex altos funcionarios del régimen iraní. Todos tienen pedidos de captura internacional vigentes por su presunta participación en la planificación y ejecución del atentado.
La decisión de Rafecas fue celebrada por familiares de las víctimas y sectores que vienen reclamando avances concretos en la causa AMIA, considerada una de las deudas pendientes más graves del sistema judicial argentino.
A partir de ahora, se deberán definir los mecanismos procesales que permitan garantizar el derecho a defensa, notificación y apelación de los acusados, aun sin presencia física. El juicio en ausencia representa un giro de alto impacto político y jurídico, en una causa que arrastra décadas de impunidad.
