Esta semana se abre una fase decisiva en el juicio oral por la Causa Cuadernos, con un cambio en la dinámica de las audiencias que podría acelerar declaraciones determinantes sobre el presunto entramado de corrupción que operó entre 2003 y 2015. La Justicia busca avanzar hacia un esquema híbrido cercano a la presencialidad y prepara el terreno para la llegada de testimonios centrales que volverán a poner a Cristina Fernández de Kirchner en el centro de la escena.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) informó que, desde el 25 de noviembre, las audiencias se realizarán los martes y jueves, con la intención de aumentar la frecuencia del debate. Además, cuando comience la ronda de indagatorias, se aplicará una modalidad mixta: tribunal, imputados, defensas y partes acusadoras estarán presentes físicamente, mientras que el resto de los participantes intervendrán de forma remota.

En ese marco, la Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal puso a disposición la Sala AMIA de Comodoro Py a partir del 10 de diciembre, un espacio que permitirá tres jornadas semanales de audiencias, incluso en días y horarios inhábiles y durante futuras ferias judiciales. Paralelamente, el TOF 7 solicitó a la Corte Suprema autorización para utilizar la Sala de Derechos Humanos del Palacio de Justicia, ubicada en el mismo edificio donde funciona el tribunal, opción que resulta más práctica desde el plano logístico.

Como parte de esta reorganización, el tribunal también fue eximido por seis meses del sorteo de nuevas causas, con el objetivo de concentrar recursos en este proceso y garantizar mayor celeridad, eficacia e inmediación.

Según explicó el juez Germán Castelli, cualquier modificación en la modalidad del juicio deberá ser informada previamente a todas las partes, aunque remarcó que el criterio general ya se encuentra estabilizado.

Testimonios que pueden marcar un punto de quiebre

En las próximas audiencias se terminará de exponer el intercambio de declaraciones de imputados colaboradores, entre ellas las de Ernesto Clarens y Víctor Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, asesinado en 2020 en El Calafate. Ambos testimonios son considerados clave por la fiscalía para reconstruir el circuito de dinero ilegal.

Desde el Ministerio Público Fiscal se insistirá en la hipótesis de que entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita organizada desde las más altas esferas del Ejecutivo, en la que participaron funcionarios clave del ex Ministerio de Planificación, empresarios de la obra pública y operadores financieros.

En ese esquema, según la acusación, se habría desarrollado un sistema sistemático de recaudación ilegal, ligado a la asignación de obras públicas, contratos de servicios y otros beneficios otorgados a empresas privadas a cambio de retornos económicos.

Sobre el rol de Cristina Fernández de Kirchner, se volverá a citar la declaración de José López, quien sostuvo que tras la muerte de Néstor Kirchner mantuvo una reunión con la entonces presidenta en Olivos, donde le habría detallado la mecánica del sistema y le habría mostrado los cuadernos con anotaciones de su esposo.

“Pude ser parte del problema o de la solución”, fue la frase que López afirmó haber recibido y que hoy vuelve a ocupar un lugar central en la causa.

Ernesto Clarens, por su parte, sostuvo que en Santa Cruz las obras se repartían entre un pequeño grupo de empresas y que los pagos ilegales se entregaban semanalmente, en montos que alcanzaban los 300 mil dólares. Según su relato, ese dinero era recibido por Daniel Muñoz y trasladado posteriormente a domicilios vinculados al matrimonio Kirchner.

Víctor Fabián Gutiérrez también describió movimientos de valijas durante viajes oficiales en el Tango 01, custodiadas únicamente por Muñoz, y relató momentos en los que, al llegar a destino, se desalojaba la vivienda para permitir el ingreso del exsecretario con el equipaje.

El sobreseimiento de un empresario clave

En paralelo al avance del juicio, el TOF 7 dictó el sobreseimiento de Enrique Menotti Pescarmona por incapacidad mental sobreviniente, tras un informe del Cuerpo Médico Forense que diagnosticó un deterioro cognitivo severo, incompatible con su participación en un proceso judicial.

Pescarmona había sido uno de los imputados colaboradores de la causa, reconociendo pagos ilegales a través de la empresa IMPSA, y vinculando directamente esos montos con Roberto Baratta y el sistema de recaudación detallado en los cuadernos de Centeno.

Con esta nueva etapa, la causa entra en un punto de máxima tensión política y judicial. El aumento en la frecuencia de las audiencias, la posible presencialidad en Comodoro Py y la lectura de testimonios clave anticipan semanas decisivas que podrían cambiar el rumbo del juicio más emblemático de los últimos años.