El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de reducción del gasto público y puso en marcha un régimen de retiros voluntarios en la Administración de Parques Nacionales (APN), un organismo clave para la conservación de las áreas protegidas del país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 191/2026 publicada en el Boletín Oficial y establece los requisitos y procedimientos para que los trabajadores puedan adherirse al programa. La iniciativa forma parte del plan de reorganización del Estado impulsado por la administración de Javier Milei, que desde el inicio de su gestión viene avanzando con recortes de estructuras y reducción de personal.

El régimen está destinado al personal con estabilidad laboral y una antigüedad mínima de dos años. Sin embargo, quedan excluidos quienes se encuentren bajo sumarios administrativos, procesos judiciales vinculados a delitos contra la administración pública, tengan beneficios previsionales ya otorgados o integren el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.

Quienes adhieran al programa recibirán una gratificación extraordinaria calculada en función de la antigüedad y la edad del trabajador. Para empleados de hasta 60 años, el monto será equivalente al 90% de una remuneración bruta mensual por cada año trabajado o fracción superior a tres meses. En los mayores de esa edad, el porcentaje se reducirá al 85%.

El pago se realizará en dos etapas: un primer desembolso equivalente al 35% del total quince días después de la aprobación de la solicitud y el resto en dos cuotas mensuales consecutivas.

Además, la normativa establece que quienes acepten el retiro no podrán reincorporarse al sector público nacional durante un plazo de cinco años, salvo en cargos docentes dentro de universidades nacionales.

La Administración de Parques Nacionales es un organismo autárquico encargado de la protección y administración de los parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales del país. La implementación del nuevo esquema de retiros abre un debate sobre el impacto que podría tener la reducción de personal en la capacidad operativa del organismo y en las tareas de conservación de las áreas protegidas.

El plazo para adherirse al programa comenzará el primer día hábil del mes siguiente a la publicación oficial y se extenderá por treinta días. La aceptación final de cada solicitud quedará a criterio de la APN, que evaluará las necesidades operativas y la situación de cada área antes de autorizar la desvinculación.