Distintas organizaciones del colectivo de discapacidad convocaron a una nueva movilización en Argentina para este miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud, en rechazo a las modificaciones impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La protesta busca exigir el cumplimiento de la normativa vigente y alertar sobre el impacto que podrían tener los cambios propuestos en el sistema de protección social.

Reclamo por el cumplimiento de la ley

Desde el sector advierten que la iniciativa oficial, presentada como un mecanismo para combatir irregularidades en pensiones, podría implicar restricciones en el acceso a derechos.

Organizaciones como el Foro Permanente Discapacidad sostienen que el proyecto “desvía el foco” de los problemas estructurales del sistema, como atrasos en pagos, aranceles desactualizados y prestaciones en riesgo.

Preocupación por el sistema de prestaciones

Uno de los puntos más cuestionados es la posible modificación del nomenclador nacional, que regula los valores de las prestaciones en todo el país.

Referentes del sector advierten que una desregulación podría generar desigualdades en el acceso a tratamientos, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

También señalan que el sistema actual permite sostener una red de profesionales e instituciones que garantizan atención integral.

Cambios propuestos y críticas

Entre las medidas que generan mayor rechazo se encuentran:

  • Reempadronamiento obligatorio para beneficiarios de pensiones
  • Endurecimiento de requisitos de acceso
  • Posible reducción de prestaciones
  • Mayor control sobre los beneficiarios

Según denuncian, estas medidas podrían derivar en la interrupción de tratamientos y en la pérdida de ingresos esenciales para muchas familias.

Un conflicto que se mantiene

El reclamo del sector no es nuevo y se viene desarrollando desde hace meses, con movilizaciones y acciones de visibilización.

En este contexto, la nueva marcha busca presionar para frenar los cambios y reinstalar el debate sobre el financiamiento y la continuidad del sistema de atención a personas con discapacidad.