El Gobierno Nacional dio inicio al proceso formal de privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de rampa y traslado de pasajeros en 21 aeropuertos de todo el país. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 1067/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.

La decisión contempla la venta del 100% del paquete accionario de Intercargo, en concordancia con el Decreto 198/2025 impulsado por el presidente Javier Milei. La venta se llevará a cabo mediante una licitación pública con alcance nacional e internacional, sin incluir un Programa de Propiedad Participada ni preferencias para sectores específicos.

El plazo para completar el proceso de privatización es de ocho meses a partir de la entrada en vigencia de la resolución. En ese lapso, la Secretaría de Transporte deberá actualizar el inventario completo de bienes tangibles e intangibles de la firma, y gestionar la rescisión del contrato de concesión vigente desde 1990 para la operación exclusiva del Servicio Único de Atención en Tierra a Aeronaves.

La Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” será la encargada de coordinar las acciones del proceso, incluida la contratación de una entidad bancaria pública nacional que se ocupará de realizar la valuación del capital accionario de Intercargo. Aunque el Tribunal de Tasaciones de la Nación no está actualmente en condiciones de evaluar el valor total de la empresa, ya ha proporcionado una estimación de los bienes tangibles informados por la firma.

El Ejecutivo justificó la medida citando los altos costos operativos que la empresa estatal ha representado para las arcas públicas. Según datos oficiales, entre 2020 y 2023 Intercargo requirió asistencia financiera por $6.700 millones para sostener sus operaciones y garantizar estándares de calidad y seguridad.

Desde principios de 2024, el Estado dejó de brindar asistencia económica a Intercargo como parte de su estrategia para reducir el déficit fiscal y avanzar en una estructura estatal más eficiente. Esta decisión se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, sancionada recientemente, que habilita la venta de activos públicos como parte del programa de desregulación económica.

La privatización de Intercargo se suma a otras iniciativas impulsadas por la gestión libertaria, que busca achicar el Estado, atraer inversión privada y optimizar los recursos públicos en un contexto de ajuste fiscal.