El sector industrial argentino enfrenta un nuevo desafío estructural: la deslocalización de la producción. En lugar de fabricar localmente, cada vez más empresas optan por importar productos terminados, lo que se traduce en cierres de plantas, pérdida de puestos de trabajo formales y un preocupante proceso de desindustrialización. Esta tendencia no solo afecta a multinacionales, sino también a pequeñas y medianas empresas que intentan sobrevivir ante un modelo económico que no ofrece previsibilidad ni incentivos a la inversión productiva.

La reciente decisión de Kenvue, firma dueña de marcas como Siempre Libre y Carefree, de cerrar su planta en Pilar y abastecerse desde Brasil marca un nuevo capítulo en este fenómeno. A esto se suma el caso de Kimberly-Clark, que ya había clausurado una planta en la misma localidad semanas atrás. El patrón se repite: condiciones macroeconómicas adversas, atraso cambiario, presión fiscal excesiva y falta de financiamiento obligan a las empresas a adoptar estrategias defensivas, incluso en contextos de aparente recuperación.

Según cifras de la consultora Audemus, las importaciones alcanzan actualmente el 32,4% del PBI, el nivel más alto en lo que va del siglo. Mientras el Gobierno nacional sostiene un discurso enfocado en la eficiencia del mercado y la apertura comercial, los efectos en el entramado productivo nacional son devastadores. Desde sectores industriales advierten que la situación podría empeorar si no se implementan medidas urgentes de protección inteligente y estímulo a la producción local.

“No es que convenga importar, es que no queda otra”, afirmó un empresario del rubro plástico que prefirió mantener el anonimato. “Entre los costos laborales, la carga impositiva, la inflación de insumos y la incertidumbre regulatoria, fabricar en Argentina es una misión imposible”, agregó. En ese sentido, la preocupación también se traslada al mundo sindical, donde se anticipan conflictos laborales por despidos, suspensiones y caída del poder adquisitivo.

La industria nacional no solo es clave para el empleo formal —uno de cada tres puestos de trabajo registrados proviene del sector— sino que también es motor de innovación, encadenamientos productivos y generación de valor agregado. Su deterioro afecta de manera directa a las economías regionales, que dependen en gran parte de la actividad fabril para sostener sus cadenas productivas y su demanda interna.

En este contexto, crecen los reclamos para que el Estado adopte una política industrial activa. Especialistas en desarrollo advierten que, sin una hoja de ruta clara, el país corre el riesgo de consolidar un modelo extractivo y comercial que profundiza la dependencia externa y agrava la desigualdad territorial y social.

La Argentina enfrenta, así, una encrucijada: apostar a la industria como eje del desarrollo o continuar por el camino de la deslocalización, con un costo social y económico que será difícil de revertir.