El Gobierno nacional oficializó la promulgación de la reforma a la Ley de Glaciares, una modificación que introduce cambios profundos en la protección ambiental y habilita nuevas condiciones para el desarrollo de proyectos mineros en el país.

Qué establece la nueva ley

La norma, firmada por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 271/2026, redefine el alcance de las áreas protegidas y transfiere a las provincias un rol clave en la toma de decisiones.

Entre los principales cambios se destacan:

  • Delegación en las provincias para definir la viabilidad de proyectos en zonas antes protegidas
  • Reducción de superficies bajo resguardo ambiental
  • Habilitación de actividades mineras en determinadas áreas
  • Mantenimiento de la protección en zonas con valor hídrico comprobado

Un giro en la política ambiental

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca “destrabar” inversiones, especialmente en sectores estratégicos como el litio y el cobre, con impacto en el desarrollo energético y económico.

Además, se mantiene el objetivo formal de la ley: preservar los glaciares como reservas de agua, esenciales para el consumo humano, la producción y la biodiversidad.

El IANIGLA continuará a cargo del registro técnico, aunque las provincias podrán modificar qué áreas quedan protegidas, basándose en criterios científicos.

Fuerte rechazo de científicos y ambientalistas

La reforma generó un amplio rechazo en sectores ambientales y académicos, que advierten sobre posibles consecuencias en el acceso al agua.

Organizaciones y especialistas cuestionan:

  • La reducción de áreas protegidas
  • La descentralización del control técnico
  • El riesgo sobre reservas estratégicas de agua

También señalaron que los glaciares cumplen un rol clave en el equilibrio ambiental y en el abastecimiento hídrico a largo plazo.

Qué sigue ahora

Con la promulgación, la ley ya está en vigencia en todo el país. Sin embargo, el conflicto continúa abierto: ya se anticipan presentaciones judiciales y nuevos reclamos para frenar su aplicación.

El debate se instala entre dos ejes centrales: desarrollo económico versus protección ambiental, en un contexto donde los recursos naturales adquieren cada vez más valor estratégico.