Un tribunal federal de apelaciones frenó la aplicación de una ley de 1798 con la que el expresidente buscaba expulsar a inmigrantes acusados de integrar pandillas sin proceso judicial previo.
La Justicia de Estados Unidos volvió a poner un freno a las políticas migratorias de Donald Trump. Esta semana, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito —con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Misisipi— declaró inconstitucional la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, un instrumento legal promulgado en 1798, que el gobierno republicano utilizó para deportar a 261 inmigrantes acusados de integrar bandas delictivas.
La administración Trump había comenzado en marzo de 2025 a aplicar esta norma bajo el argumento de que los inmigrantes ilegales eran el origen de la delincuencia organizada. Sin pasar por un proceso judicial, al menos 137 personas fueron expulsadas directamente a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, acusadas de pertenecer al Tren de Aragua, una organización criminal venezolana.
El fallo judicial
La jueza Leslie Southwick, acompañada por su colega Irma Carrillo Ramírez, sostuvo que “las pruebas no respaldan que se haya producido una invasión o incursión hostil”, como pretendía justificar la Casa Blanca. El único magistrado que votó en disidencia, Andrew Oldham, señaló que la cuestión dependía de “criterios políticos” y no judiciales.
Con este fallo, se ratifican decisiones previas de tribunales de Nueva York y Texas, que ya habían cuestionado el uso de esta legislación para deportaciones masivas.
Una ley con historia
La Ley de Enemigos Extranjeros fue utilizada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt ordenó la detención de unos 12.000 ciudadanos japoneses y estadounidenses de origen asiático tras el ataque a Pearl Harbor.
El intento de Trump de revivir esta norma despertó fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, que lo acusan de impulsar una política “abiertamente xenófoba y contraria al debido proceso legal”.
