La Cámara de Diputados iniciará este miércoles el tratamiento de dos iniciativas consideradas estratégicas por el Gobierno nacional para la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Se trata del denominado “Súper RIGI”, destinado a ampliar los incentivos para grandes inversiones en sectores tecnológicos y productivos, y de un proyecto para regular y transparentar la actividad de los grupos de interés ante funcionarios y legisladores.
La primera discusión se desarrollará en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde comenzará el análisis del proyecto que busca crear un régimen de transparencia para las gestiones de intereses, conocido comúnmente como ley de lobby.
La iniciativa propone la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, donde deberán inscribirse representantes de empresas, cámaras, consultoras y organizaciones que busquen influir en decisiones del Poder Ejecutivo o del Congreso. Además, establece la obligación de informar reuniones, audiencias y temas abordados, tanto para los gestores de intereses como para los funcionarios públicos involucrados.
El proyecto contempla un sistema de sanciones que incluye multas económicas e incluso la inhabilitación para quienes incumplan las normas de transparencia previstas en la futura legislación.
En paralelo, otra serie de comisiones comenzará a debatir la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas impulsadas por el oficialismo para atraer capitales extranjeros y desarrollar nuevas industrias.
La propuesta apunta a sectores considerados estratégicos para las próximas décadas, entre ellos la producción de litio, uranio, hidrógeno verde, baterías, energías renovables, inteligencia artificial, semiconductores, vehículos eléctricos y tecnología nuclear.
El esquema prevé beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por un período de hasta 30 años para proyectos que comprometan inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares. Entre los incentivos se incluyen reducciones en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones y créditos fiscales aplicables a distintas obligaciones tributarias.
Desde el oficialismo consideran que ambas iniciativas son fundamentales para consolidar el plan económico y generar un marco de previsibilidad para las inversiones de largo plazo. Sin embargo, sectores de la oposición anticiparon cuestionamientos sobre el alcance de los beneficios fiscales y el impacto que podrían tener sobre la recaudación y el desarrollo de la industria nacional.
El debate recién comienza, pero el Gobierno apuesta a conseguir los consensos necesarios para convertir ambos proyectos en ley durante el segundo semestre del año.
