El Gobierno nacional promulgó este martes dos normas de alto impacto social —la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica—, pero postergó su entrada en vigencia hasta que el Congreso asigne los recursos correspondientes en el Presupuesto Nacional.

La decisión fue formalizada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, y replica lo sucedido con la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya aplicación también fue suspendida por razones fiscales.

El argumento oficial: impacto presupuestario

Según el Ejecutivo, ambas leyes representan un gasto “imposible de afrontar” en el actual contexto económico. En los considerandos, el Gobierno advirtió que su implementación tendría un impacto fiscal superior a los $1 billón, lo que obligó a diferir su puesta en marcha hasta contar con partidas específicas.

La Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas, dispone la actualización automática bimestral de los gastos operativos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De acuerdo con las estimaciones oficiales, entre mayo y diciembre de 2024 la inflación acumulada fue del 34,89 %, lo que demandaría $123.358 millones adicionales solo para mantener el funcionamiento de las casas de estudio.

El gasto total proyectado sería de $1,06 billones para 2025 y $2 billones en 2026, cifras consideradas “incompatibles con el equilibrio fiscal”.

Universidades: salarios, becas y actualizaciones

La ley también contempla una recomposición salarial para docentes y no docentes, con un incremento equivalente a la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
Según el cálculo del Ejecutivo, la diferencia entre los aumentos otorgados (128,49%) y la inflación del período (220,45%) implicaría un ajuste del 40,25% sobre los básicos de julio.

Además, se incorporan sumas no remunerativas al salario básico, lo que representaría $179.000 millones adicionales en 2025 y $490.000 millones en 2026.

En cuanto a las becas estudiantiles, la actualización automática de los programas Manuel Belgrano y Progresardemandaría $149.454 millones más en conjunto, según las proyecciones del Ministerio de Economía.

Emergencia pediátrica: una ley en pausa

La Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica y de residencias médicas por un año, fue impulsada con amplio consenso en el Congreso y tiene como objetivo reforzar los hospitales públicos infantiles, especialmente el Hospital Garrahan.

El texto prioriza la asignación de recursos para infraestructura, medicamentos, insumos, vacunas y personal médico especializado, además de eximir del Impuesto a las Ganancias a los profesionales que realicen guardias y horas extras.

No obstante, el Gobierno argumentó que su costo fiscal —estimado en $196.270 millones— supera ampliamente la capacidad presupuestaria del Ministerio de Salud, que ya arrastra un déficit de $102.400 millones.

“Destinar fondos de esa magnitud equivaldría al 30% del total de subsidios para medicamentos y al 60% del presupuesto destinado a prevención de VIH-Sida”, sostiene el decreto.

Un conflicto político con el Congreso

Tanto la Ley de Financiamiento Universitario como la Emergencia Pediátrica habían sido vetadas por el presidente Javier Milei en septiembre. Sin embargo, el Congreso rechazó ambos vetos a comienzos de octubre y ratificó los textos originales.

Al verse obligado a promulgarlas, el Ejecutivo optó por diferir su aplicación, dejando en claro que las medidas “solo podrán ejecutarse una vez que el Parlamento apruebe los fondos correspondientes en el Presupuesto Nacional”.

De esta manera, el Gobierno evita el cumplimiento inmediato de dos normas que generan consenso social, pero que —según el propio Milei— “implicarían un incremento irresponsable del gasto público y un riesgo inflacionario severo”.