El juez Ernesto Kreplak aceptó al Ministerio de Salud como querellante en la causa que investiga la muerte de 53 pacientes por el uso de fentanilo contaminado. HLB Pharma y Laboratorios Ramallo están en la mira por presuntos desvíos de calidad en medicamentos. Crecen las sospechas sobre documentación alterada y vandalismo interno.

El juez federal Ernesto Kreplak aceptó al Ministerio de Salud como parte querellante en la causa que investiga la muerte de 53 personas por el uso de fentanilo contaminado. El pedido, realizado por la cartera sanitaria encabezada por Mario Lugones, busca esclarecer responsabilidades y contribuir con pruebas técnicas a través de la ANMAT, organismo encargado del control de medicamentos en Argentina.

El caso tiene como eje a la empresa HLB Pharma Group S.A. y su fabricante exclusivo, Laboratorios Ramallo. De un total de 267 expedientes abiertos por la ANMAT, 117 corresponden a desvíos de calidad, lo que generó 133 alertas sanitarias. Una de las principales denuncias provino del Hospital Italiano de La Plata, donde 18 pacientes se infectaron con bacterias halladas en ampollas de fentanilo, de los cuales 15 murieron.

La investigación también involucra a Ariel García Furfaro, ex socio del canal IP y cercano a figuras del oficialismo anterior, como Cristina Fernández de Kirchner. Su madre, Nilda Furfaro, presentó un escrito como ex presidenta del laboratorio, y su familia figura en cargos clave de las empresas investigadas.

En paralelo, se denunciaron episodios de vandalismo y robo de documentación en las sedes de San Isidro e Ingeniero Maschwitz. En imágenes difundidas, se ve documentación esparcida, bolsas negras y frases pintadas como “100 familias sin laburo”. Testigos señalan que camiones de otra empresa vinculada a García Furfaro habrían retirado materiales días antes de los allanamientos.

La ANMAT inhabilitó a las compañías para seguir produciendo. La justicia ahora espera los informes del Cuerpo Médico Forense sobre el batch récord del lote contaminado, clave para determinar las responsabilidades técnicas.

Mientras tanto, crece la tensión por el impacto sanitario, político y judicial del mayor escándalo farmacéutico del país en los últimos años.