El Ejecutivo confirmó la decisión de vender el 100% de las acciones estatales en Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El proceso incluirá licitaciones, actualizaciones tarifarias y la posibilidad de cortes a usuarios con deudas.

El Gobierno nacional oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una de las empresas públicas más relevantes del país. El plan contempla la venta total del paquete accionario estatal —actualmente del 90%— y su traspaso a manos privadas mediante un esquema mixto que combinará una licitación pública nacional e internacional, y una oferta pública inicial.

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó que en una primera etapa se venderá al menos el 51% de las acciones, con lo cual el Estado dejará de tener el control operativo. Aunque la infraestructura seguirá siendo propiedad estatal, se implementará un “marco regulatorio fuerte” para garantizar la calidad del servicio.

El cronograma prevé que la licitación se extienda por 330 días y que, posteriormente, se abra la posibilidad de que ciudadanos, empleados o inversores accedan a acciones a través de una oferta pública inicial (OPI), con una duración adicional de 90 días. Todo el proceso estará supervisado por la Comisión Nacional de Valores.

Una de las medidas más polémicas será la inclusión de cláusulas que habiliten a los futuros concesionarios a interrumpir el servicio de agua a los usuarios que acumulen deudas, algo que, si bien hoy ya está previsto por ley, no se aplica de forma sistemática.

Además, el Gobierno propondrá un esquema de actualización tarifaria trimestral, lo que podría impactar considerablemente en los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el primer año de gestión de Javier Milei, las tarifas de AySA ya subieron un 209%, y en 2025 los incrementos promedian un 1% mensual.

Otro punto central del plan es el financiamiento de obras de infraestructura, que quedará en manos del concesionario y será trasladado a los usuarios a través de las facturas. También se evaluará que provincias, municipios o vecinos puedan financiar mejoras directamente.

Desde la llegada del actual gobierno, AySA inició un ajuste interno que ya dejó un saldo de 200 despidos y una reducción del gasto operativo. Actualmente la empresa cuenta con 6.200 empleados, aunque el Ejecutivo aclaró que no impondrá condiciones al nuevo operador sobre la plantilla de personal.

Según Adorni, desde la reestatización de AySA en 2006, el Estado nacional debió transferir más de USD 13.400 millones para sostener su funcionamiento. “Esta decisión busca modernizar el sector y mejorar tanto el precio como la calidad del servicio”, concluyó.

AySA presta servicios de agua potable y cloacas a más de 11 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.