El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Ariel de Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber obstaculizado los allanamientos en el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Según la resolución judicial, De Vicentis incurrió en los delitos de desobediencia, estorbo de acto funcional y encubrimiento, al no colaborar con las fuerzas de seguridad que irrumpieron en el country para requisar propiedades vinculadas a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.
El magistrado aseguró que en el barrio privado existe “un protocolo no escrito” que se traduce en un modus operandi para demorar o frustrar procedimientos judiciales, restando eficacia al factor sorpresa.
El escape y la captura
Durante el operativo, Jonathan Kovalivker logró salir del barrio y evadir la Justicia durante algunos días, hasta que entregó su teléfono de manera voluntaria. En cambio, Emmanuel Kovalivker fue interceptado cuando intentaba abandonar Nordelta: la Policía le secuestró USD 266.000 en sobres.
El juez Casanello interpretó que la actitud de De Vicentis contribuyó a entorpecer la investigación, por lo que decidió su procesamiento.
La estrategia de la defensa: pedir la nulidad de la causa
En paralelo, la defensa de los Kovalivker presentó un escrito solicitando la nulidad absoluta de la causa, al considerar que se trata de una “caza de brujas” basada en audios obtenidos de forma ilegal.
El abogado Martín Magram invocó la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, argumentando que si la prueba inicial es ilícita, todo lo derivado de ella carece de validez. Además, denunció que el proceso se llevó adelante con “oscurantismo, desinformación y vulneración del derecho de defensa”.
La presentación coincide con los allanamientos realizados en la ANDIS y en las sedes de la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos del organismo estatal.
El origen del caso
La investigación se disparó tras la difusión de audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos retornos en la compra de medicamentos y se apunta a funcionarios de primera línea, entre ellos la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y su asesor Eduardo “Lule” Menem.
Los contratos con Suizo Argentina quedaron bajo la lupa judicial y mediática, mientras se multiplican las presentaciones judiciales de los empresarios involucrados.
