La Convención Reformadora avanzará este viernes en su séptimo plenario con la aprobación de modificaciones a tres artículos de la actual Constitución provincial y la incorporación de ocho nuevos temas habilitados por la ley que declaró la necesidad de la reforma. La sesión se desarrollará tras semanas de debate en la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, presidida por Germana Figueroa Casas (Unidos), que incluso convocó a audiencias públicas para escuchar a colegios profesionales y actores de la sociedad civil.
En materia previsional, la reforma al artículo 21 generó intensas discusiones, pero finalmente se aceptó incluir el término “intransferible” para la Caja de Jubilaciones, algo resistido históricamente por sectores del PRO. En cuanto al artículo 5, el nuevo texto establece que la provincia sostendrá el gasto público con recursos de la coparticipación federal, tributos creados por ley, rentas de bienes y servicios, enajenación de activos, su propia actividad económica y operaciones de crédito, aunque estas últimas no podrán destinarse a gastos corrientes salvo en casos de extrema urgencia. Además, fija como principios rectores la responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, publicidad y transparencia.
El artículo 18, por su parte, quedará reformulado para precisar la responsabilidad del Estado: “La Provincia y los municipios son responsables por los daños que ocasionen. La ley determinará los supuestos y el alcance de esa responsabilidad y los casos en que corresponda la obligación de reembolso por parte de sus funcionarios o agentes”.
Otro de los ejes centrales será la incorporación de mecanismos de democracia participativa en la futura Carta Magna. Entre ellos se destacan la Iniciativa Popular, Referéndum, Consulta Popular, Revocatoria de Mandatos, Consejo Económico y Social, Audiencias Públicas y Gestión Social. Estos institutos tendrán rango constitucional, aunque algunos requerirán leyes específicas para su aplicación práctica.
En paralelo, se incluyó un artículo que reconoce la existencia de los Colegios y Consejos Profesionales creados por ley, algo celebrado por representantes de estas instituciones que se manifestaron frente a la Legislatura. También se aprobó una cláusula democrática que declara nulos de manera absoluta los actos que atenten contra el orden institucional o democrático, estableciendo sanciones de inhabilitación perpetua para sus responsables.
El debate político sumó un matiz particular cuando Nicolás Mayoraz, presidente del bloque de La Libertad Avanza, anunció que su espacio acompañará los dictámenes de mayoría sobre Malvinas y la cláusula democrática, marcando la primera coincidencia entre ese bloque, Unidos y sectores del justicialismo.
Con estas reformas, la Convención avanza en la definición de una Constitución provincial que incorpora criterios de transparencia institucional, control de la gestión pública y mayor participación ciudadana, mientras resuelve disputas históricas sobre previsión social, responsabilidad del Estado y principios fiscales.
