El Ministerio de Salud oficializó este lunes el nuevo cronograma de evaluación para 268 postulantes a residencias médicas sospechados de haber incurrido en un presunto fraude masivo durante el examen del pasado 1° de julio. La medida, publicada en la Resolución 2274/2025 en el Boletín Oficial, establece que las nuevas pruebas se realizarán el 4 y 5 de agosto, con instancias orales y escritas bajo estricta supervisión.

Los aspirantes afectados —149 formados en universidades extranjeras y 119 en instituciones argentinas— habían obtenido calificaciones inusualmente altas, lo que despertó sospechas. El informe técnico presentado por el Ministerio detectó un «incremento estadísticamente anómalo» en las notas superiores a 85 puntos sobre 100, con un alza del 33,6% respecto a convocatorias anteriores y una multiplicación por cuatro de las calificaciones sobresalientes respecto a 2024.

“Las anomalías comprometen la transparencia y equidad del examen”, advirtió el texto firmado por el ministro de Salud, Mario Lugones. Por eso, se dejará sin efecto el orden de mérito actual y se habilitará una nueva evaluación exclusiva para quienes hayan obtenido 86 puntos o más.

La metodología evaluativa se dividirá en dos formatos:

  • Evaluación oral: Dirigida a quienes el comité de expertos determine que presentan alta congruencia entre sus antecedentes académicos y su desempeño en el examen. Esta instancia podrá confirmar o modificar la nota previa, pero nunca incrementarla.
  • Examen escrito: Para quienes no alcancen dicha congruencia o no opten por la evaluación oral. Consistirá en una prueba de 100 preguntas de opción múltiple, con una tolerancia de hasta un 10% de desvío respecto de la nota original. Si el rendimiento cae más allá de ese margen, se tomará la nueva calificación.

Los exámenes podrán rendirse de forma presencial o, en casos justificados, de manera virtual. Aquellos postulantes que no se presenten quedarán excluidos del concurso.

El Gobierno busca, con esta medida, garantizar la integridad del proceso de selección para residencias básicas y articuladas del sistema público de salud. La decisión también fue respaldada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que los puntajes sospechosos no se correspondían con los promedios académicos ni con los historiales institucionales de los aspirantes.