El presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que penalice a los diputados y senadores que aprueben un Presupuesto Nacional con déficit fiscal. La iniciativa busca obligar a que todo nuevo gasto aprobado tenga un financiamiento identificado o un recorte proporcional en otras partidas, bajo pena de sanciones penales para los legisladores que no cumplan con esta regla.
La propuesta generó un inmediato rechazo en gran parte del arco político y entre especialistas en derecho constitucional, que la calificaron como «un delirio inconstitucional» y «una medida para la tribuna».
Argumentos en contra
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que el proyecto violaría el artículo 68 de la Constitución Nacional, que protege a los legisladores de ser acusados o sancionados por sus votos y opiniones. Además, advirtió que afectaría la autonomía del Congreso y su rol en la definición de políticas públicas, recordando que el Presupuesto no es solo una herramienta financiera sino un instrumento para garantizar derechos.
En la misma línea, el constitucionalista Diego Armesto sostuvo que la propuesta “afecta la división de poderes” y que la prioridad debería ser que el Poder Ejecutivo cumpla con la Ley de Administración Financiera, ya que el país lleva dos años sin un presupuesto aprobado por el Congreso.
Visión intermedia
Por su parte, el abogado Félix Lonigro consideró que técnicamente el proyecto no sería inconstitucional si es el propio Congreso el que lo sanciona, aunque lo calificó de “ridículo” por pretender que los mismos legisladores aprueben una ley que podría volverse en su contra.
Futuro incierto
En términos políticos, el panorama para la aprobación de la iniciativa es adverso. Salvo en el bloque libertario, el rechazo es mayoritario, lo que hace poco probable que Milei logre los votos necesarios para su sanción. Aun así, legisladores cercanos al Presidente, como Juliana Santillán, salieron a respaldar públicamente la propuesta.
