La jueza Loretta Preska denegó este lunes el pedido del Gobierno argentino de suspender la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford Capital y Eton Park. La decisión representa un nuevo revés judicial para el país en el juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

Este lunes, la Justicia de Nueva York emitió un nuevo fallo adverso para la Argentina en el millonario juicio por la expropiación de YPF. La jueza federal Loretta Preska rechazó el pedido del Gobierno de suspender la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera estatal a los fondos Burford Capital y Eton Park, que habían sido beneficiados por un fallo previo por USD 16.000 millones.

Preska consideró que Argentina incumplió las condiciones necesarias para acceder a la suspensión del fallo y acusó al país de utilizar estrategias dilatorias para evitar el cumplimiento de la sentencia. “La República intenta eludir sus obligaciones mediante tácticas procesales. Cualquier daño que pudiera surgir es consecuencia directa de su propia conducta”, señaló en su escrito.

La jueza también destacó que el Gobierno no realizó esfuerzos concretos para cumplir con los términos que le permitieron ganar tiempo tras el fallo original de septiembre de 2023. “Aprovechó la prórroga para la transición gubernamental, pero no avanzó con ninguna condición impuesta”, remarcó.

Apelación ya en curso

Anticipando un desenlace negativo, el Gobierno ya había presentado una apelación ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el pasado 9 de julio. En ese escrito, se cuestiona la validez de la orden de Preska y se plantea que la medida representa un ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial, además de violar la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA).

Desde el equipo legal del Gobierno también se adelantó la posibilidad de llevar el caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, si la Cámara rechaza el recurso en trámite.

Riesgo de desacato

Si Argentina se niega a cumplir con la orden, podría incurrir en desacato judicial. Aunque ese escenario aún no se formalizó, los demandantes podrían solicitarlo en las próximas semanas. En 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el país ya había enfrentado una situación similar.

Expertos legales advierten que esta vez el impacto internacional sería mayor. “No estamos aislados como en aquel momento. Entrar en desacato ahora sería mucho más grave en términos diplomáticos y financieros”, señaló Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

Audiencia por empresas estatales

Mientras tanto, la jueza Preska convocó a una audiencia clave para el martes 15 de julio, en la que se evaluará el pedido de los fondos demandantes de avanzar con embargos sobre otras empresas públicas, entre ellas Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, al considerarlas posibles “alter ego” del Estado argentino.

Ese nuevo frente judicial buscará determinar si el patrimonio de esas entidades puede ser utilizado como garantía para ejecutar el fallo.